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El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, dio a conocer que varias empresas han fallado substancialmente en la entrega de medicamentos contratados desde hace meses.
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En particular, Clark señaló que compañías como Biointegral Servicios incumplieron el 100 % de sus compromisos; otras como Serral, Consumibles Médicos, Abastecedora Higiénica de Sonora también registran atrasos elevados.
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En una reunión con representantes de proveedores, el subsecretario advirtió con firmeza: “Ya no estamos jugando, tienen 15 días… Si no cumplen, iré a presentar oficios ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.
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La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida, advirtiendo que las compañías que incumplan de forma deliberada pueden enfrentar no sólo la cancelación de contratos y la inhabilitación, sino denuncias penales si se constata que el retraso fue intencionado.
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Ya se reporta que 31 farmacéuticas incumplieron con sus obligaciones de entrega, lo que ha impedido alcanzar un abasto total en hospitales y centros de salud.
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En cuanto al nivel de abasto: el IMSS y el ISSSTE registran alrededor de 97 %, mientras que IMSS Bienestar está cerca del 92 %. El segmento de medicamentos oncológicos registra un abasto del 96 %.
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Este llamado al cumplimiento se enmarca dentro de una estrategia del gobierno para asegurar que los pacientes no sufran faltantes críticos de medicamentos.
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Las licitaciones y contratos de compra consolidada enfrentan atrasos e irregularidades desde hace meses.
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El gobierno ha señalado que evaluará las causas de estos retrasos: si se trata de fallas logísticas genuinas, tolerancia, o conductas intencionales. Las farmacéuticas que no justifiquen sus incumplimientos quedarían sujetas a sanciones.
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Otro factor que preocupa al sector farmacéutico es la deuda pendiente del gobierno, que asciende a decenas de miles de millones de pesos, elemento que, según algunas empresas, desalienta la entrega inmediata de productos ya fabricados.
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El plazo impuesto busca generar presión para que se cumplan los contratos y cerrar las brechas de abasto en el corto plazo.
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Las sanciones (rescisión contractual, inhabilitación, denuncias penales) podrían disuadir nuevos incumplimientos.
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Sin embargo, algunas empresas podrían argumentar que factores como trámites regulatorios, logística de distribución o falta de liquidez limitan su capacidad de entrega.
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La credibilidad del gobierno dependerá de que las amenazas de sanción se conviertan en acciones concretas, no solo anuncios.
