CIUDAD DE MÉXICO — La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene bajo investigación la gestión de 40.7 millones de pesos en fondos federales transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, tras detectar irregularidades no solventadas en el gasto destinado al fortalecimiento, equipamiento y capacitación de sus corporaciones de seguridad pública.
De acuerdo con los informes de fiscalización, las inconsistencias financieras abarcan revisiones a las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2022 y 2023.
La fiscalización evidenció inconsistencias entre las metas programadas y los montos ejecutados en la adquisición de parque vehicular y suministros operativos para los cuerpos policiacos.
Detalle de las observaciones y hallazgos auditados
El monto observado por el órgano fiscalizador se concentra en rubros clave de compras e inventarios de pertrechos policiales:
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Adquisición a sobreprecio (Ejercicio 2022): La observación de mayor cuantía proviene de la revisión al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), donde se detectaron 22.5 millones de pesos con irregularidades derivados de la compra de una menor cantidad de vehículos y motocicletas a la meta programada, adquiriéndose además con sobreprecio.
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Inventarios retenidos (Ejercicio 2023): La revisión a la cuenta pública posterior reveló que cerca de 2,500 uniformes reglamentarios para policía permanecían almacenados en bodegas en lugar de haber sido distribuidos al personal operativo.
La entidad fiscalizada deberá aportar las pruebas documentales necesarias para aclarar el destino de los recursos u proceder a los reintegros y deslindes administrativos correspondientes ante la ASF.
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