CIUDAD DE MÉXICO. — El Gobierno de la República aclaró que la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, aprobada este miércoles en el Senado de la República en materia de combate a la piratería, no vulnera la libertad de expresión ni contempla sanciones contra publicaciones humorísticas, memes, periodistas o comediantes.
En conferencia de prensa, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, desmintió las versiones difundidas en medios de comunicación y precisó los alcances del dictamen que busca inhibir la reproducción ilegal de sellos y marcas gubernamentales.
“En ningún lado se hace referencia a nada de lo que hoy expresan diversos medios de comunicación. Tiene que haber la intención de inducir al engaño o al error, la intención de cometer un ilícito y la intención de hacerse pasar por el gobierno. Valía la pena poner el texto precisamente para que todos supiéramos qué integra esta ley que regula la piratería y el uso indebido de emblemas gubernamentales”, aseveró la consejera jurídica, Luisa María Alcalde.
Tipificación de ilícitos y ruta legislativa
La Presidencia de la República detalló los elementos jurídicos centrales que contempla el proyecto normativo:
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Acreditación de dolo e intencionalidad: La tipificación del delito exige de manera estricta la comprobación de dolo, dolo específico para inducir al engaño al consumidor o a la ciudadanía, y el propósito explícito de suplantar la identidad de una dependencia pública con fines de lucro o comisión de ilícitos.
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Protección contra la piratería: La iniciativa endurece el marco normativo contra la falsificación de bienes, servicios y documentación oficial, protegiendo los derechos de propiedad industrial y la autenticidad de los distintivos del Estado.
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Proceso legislativo: Tras recibir el aval del Pleno de la Cámara de Senadores, la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual ratificación en comisiones y Pleno.
Con esta aclaración, la administración federal busca dar certidumbre sobre el alcance de las medidas anticorrupción y contra el comercio informal, garantizando el pleno respeto a la libertad de prensa y de expresión en el país.
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