CIUDAD DE MÉXICO. — El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 299 votos a favor y 92 en contra, el dictamen por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, marco regulatorio orientado a homologar, modernizar y vincular los registros públicos de la propiedad y las bases catastrales en todo el territorio nacional.
Tras su desahogo en la sede legislativa de San Lázaro, la propuesta fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión, discusión y posterior dictaminación.
El ordenamiento establece la adopción de criterios técnicos homogéneos y plataformas digitales compartidas entre la Federación, los estados y los municipios para la administración de la información inmobiliaria, incorporando durante la discusión parlamentaria una modificación que faculta la coordinación directa con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“La reforma busca articular herramientas digitales y criterios comunes en los tres órdenes de gobierno para combatir la disparidad registral y dar certeza jurídica a la propiedad en el país”, destacaron legisladores durante el debate parlamentario.
Herramientas digitales e inquietudes sobre el federalismo
La nueva legislación general contempla la implementación de instrumentos estandarizados y procesos de digitalización integral:
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Mecanismos de identificación y gestión: Destaca la creación de la Clave Única Catastral, la Cédula Única Catastral y Registral, así como el despliegue de plataformas de gestión interconectadas e integración con la herramienta digital Llave MX.
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Coordinación con INEGI: Se aprobó una reserva para vincular las métricas, cartografía y bases de datos registrales con los marcos geográficos del organismo nacional de estadística.
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Debate en el Pleno: Las bancadas de oposición que votaron en contra cuestionaron los alcances de la ley, advirtiendo sobre una centralización excesiva de facultades, posibles vulneraciones al federalismo y afectaciones directas a la autonomía recaudatoria de los municipios.
Con su envío al Senado, la Cámara Alta evaluará los aspectos técnicos de la homologación inmobiliaria y sus implicaciones presupuestales en los gobiernos locales antes de determinar su aprobación definitiva.
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