Revelan presunta red de huachicol fiscal ligada a exgobernador de Baja California
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dieron a conocer nuevos detalles sobre la investigación que derivó en la detención y vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, a quien señalan como presunto integrante de una red dedicada al huachicol fiscal, considerada por las autoridades como el mayor esquema de contrabando de combustibles detectado en el país.
De acuerdo con la información presentada por ambas dependencias, la empresa Ingemar, presuntamente vinculada al exmandatario, realizó durante 2025 operaciones financieras por más de 3 mil 75 millones de pesos, además de movimientos cambiarios que superaron los mil 386 millones de dólares, cifras que forman parte de las indagatorias relacionadas con posibles operaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Las investigaciones señalan que la organización operaba mediante un esquema de contrabando de hidrocarburos, en el que gasolina y diésel ingresaban al país desde Estados Unidos con declaraciones aduanales falsas o alteradas, reportando únicamente una fracción del volumen real para reducir el pago de impuestos y evadir obligaciones fiscales.
Una vez en territorio nacional, el combustible era distribuido y comercializado a través de una red de empresas presuntamente fachada. Posteriormente, los recursos obtenidos eran transferidos a compañías establecidas en Estados Unidos mediante operaciones financieras que, según las autoridades, buscaban ocultar el origen ilícito del dinero y dificultar su rastreo.
La FGR informó que Ernesto “N” y otras siete personas fueron vinculados a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando calificado, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red, identificar a otros posibles involucrados y recuperar los recursos obtenidos de manera ilegal.
Las autoridades federales señalaron que el caso forma parte de la estrategia para combatir el tráfico ilegal de combustibles y los esquemas de evasión fiscal que generan pérdidas millonarias para la hacienda pública, por lo que las indagatorias permanecen abiertas y no se descartan nuevas acciones legales conforme avance el proceso judicial.
