Detienen al alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, por presunta extorsión y nexos criminales
Omar García Harfuch vincula a los detenidos con cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.
CIUDAD DE MÉXICO. — En una acción coordinada de las fuerzas federales de seguridad, el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano —alias “Miguel Quetu”—, fue detenido junto a un sujeto identificado como Alberto “N”, conocido como “La Parca”, acusados de los delitos de extorsión agravada y atentados contra la seguridad del Estado.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las investigaciones del Gabinete de Seguridad relacionan directamente a los imputados con la operación de una red delictiva dedicada a la extorsión de comerciantes y empresarios locales en la región del Istmo de Tehuantepec.
“Las investigaciones los vinculan con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, así como a actividades de narcomenudeo, tráfico ilegal de personas y homicidio”, confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Intento de rescate e investigaciones en curso
Tras la captura del munícipe y su presunto colaborador, las autoridades informaron sobre incidencias posteriores al operativo:
-
Incursión de la policía local: Elementos de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza intentaron ingresar a las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 2, ubicada en Ciudad Ixtepec, con la intención de liberar al alcalde custodiado por las fuerzas federales.
-
Diversidad de delitos: La red delictiva investigada mantenía operaciones diversificadas que abarcaban desde el cobro de cuotas a establecimientos comerciales hasta delitos de alto impacto como el tráfico de migrantes y ejecuciones en la zona.
-
Procesamiento judicial: Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para determinar su situación legal y dar seguimiento a los procesos penales.
El Gobierno de México reiteró que no habrá impunidad ni tolerancias en el combate a la delincuencia organizada y la corrupción, independientemente de los cargos públicos que ostenten los señalados.
