CIUDAD DE MÉXICO. — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, confirmó la destitución de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Guanajuato, tras el hallazgo de severas anomalías en un operativo contra el presunto combate al huachicol fiscal.
Las inconsistencias surgieron a raíz de una inspección en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, en donde se constató que la intervención y aseguramiento de combustible se mantuvo en opacidad al ser informado públicamente dos semanas después de su realización.
“La Fiscalía General de la República está revisando minuciosamente la documentación y la línea cronológica del caso, luego de que la empresa señalada presentara elementos que acreditan la procedencia legal del combustible asegurado”, explicó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
Atracción del caso por la FEMDO y autonomía operativa
Durante la habitual conferencia matutina del Gabinete de Seguridad, las autoridades federales puntualizaron las acciones emprendidas para esclarecer los hechos:
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Inconsistencias operativas: La detección de irregularidades en el reporte de tiempos, la cadena de custodia y la presentación extemporánea de los dictámenes derivaron en la destitución inmediata del titular de la delegación estatal.
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Atracción de la investigación: La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó que aunque las delegaciones estatales de la FGR gozan de autonomía operativa, la gravedad de las inconsistencias motivó que el expediente fuera atraído por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
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Deslinde de responsabilidades: Las áreas de control interno y la FEMDO mantendrán abiertas las indagatorias para deslindar posibles responsabilidades administrativas o penales de servidores públicos involucrados en las irregularidades del procedimiento.
El Gobierno de México y las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron el compromiso de cero tolerancia a la impunidad, garantizando el apego al debido proceso y a la legalidad en la actuación de los organismos encargados de la procuración de justicia.
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