Aprueba el Senado penalización de hasta 10 años de cárcel por venta de mercancía pirata
El Pleno de la Cámara Alta avala reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
CIUDAD DE MÉXICO. — El Pleno del Senado de la República aprobó un paquete de reformas en materia penal y de propiedad industrial para endurecer el combate al comercio de productos apócrifos en el país, fijando sanciones de hasta 10 años de prisión a quienes posean, distribuyan o comercialicen mercancía pirata tanto en puntos de ingreso aduanal como en tianguis, plazas y vía pública.
La iniciativa, enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación, busca desarticular las redes de distribución de mercancías falsificadas a escala comercial y proteger los derechos de autor, patentes y marcas en el mercado nacional.
Sanciones económicas y tipificación del delito
Las modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la legislación penal contemplan un marco sancionador de carácter administrativo y privativo de la libertad:
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Sanciones corporales: Penas de cárcel que alcanzan hasta los 10 años para personas en posesión o venta ambulante de productos que incurran en falsificación de marcas registradas o derechos reservados a escala comercial.
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Multas administrativas: Sanciones económicas que van de mil a 100 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes al momento de la comisión de la infracción, aplicables a quienes vendan u ofrezcan mercancía apócrifa directamente al consumidor final en lugares o vías públicas.
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Alcance de la medida: La normativa abarca toda la cadena de suministros del mercado informal, desde la importación y almacenamiento aduanero hasta su comercialización en vía pública, tianguis y comercios semifijos.
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Tránsito legislativo: Tras haber sido avalado en lo general y en lo particular por los senadores, el dictamen pasó a la Cámara de Diputados para su dictaminación y posterior votación en el Pleno.
Con este fortalecimiento normativo, el Poder Legislativo federal pretende mitigar la evasión fiscal, disuadir las actividades de delincuencia organizada asociadas al contrabando y brindar certidumbre jurídica a la industria y al comercio formal en México.
