Gobierno federal fija plazo de dos semanas a farmacéuticas para entregar medicamentos pendientes
Ante incumplimientos en contratos de suministro de medicinas, el gobierno federal otorgó un ultimátum de 15 días para que las empresas farmacéuticas completen las entregas que tienen retraso o serán sujetas a sanciones.
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El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, dio a conocer que varias empresas han fallado substancialmente en la entrega de medicamentos contratados desde hace meses.
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En particular, Clark señaló que compañías como Biointegral Servicios incumplieron el 100 % de sus compromisos; otras como Serral, Consumibles Médicos, Abastecedora Higiénica de Sonora también registran atrasos elevados.
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En una reunión con representantes de proveedores, el subsecretario advirtió con firmeza: “Ya no estamos jugando, tienen 15 días… Si no cumplen, iré a presentar oficios ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.
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La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida, advirtiendo que las compañías que incumplan de forma deliberada pueden enfrentar no sólo la cancelación de contratos y la inhabilitación, sino denuncias penales si se constata que el retraso fue intencionado.
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Ya se reporta que 31 farmacéuticas incumplieron con sus obligaciones de entrega, lo que ha impedido alcanzar un abasto total en hospitales y centros de salud.
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En cuanto al nivel de abasto: el IMSS y el ISSSTE registran alrededor de 97 %, mientras que IMSS Bienestar está cerca del 92 %. El segmento de medicamentos oncológicos registra un abasto del 96 %.
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Este llamado al cumplimiento se enmarca dentro de una estrategia del gobierno para asegurar que los pacientes no sufran faltantes críticos de medicamentos.
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Las licitaciones y contratos de compra consolidada enfrentan atrasos e irregularidades desde hace meses.
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El gobierno ha señalado que evaluará las causas de estos retrasos: si se trata de fallas logísticas genuinas, tolerancia, o conductas intencionales. Las farmacéuticas que no justifiquen sus incumplimientos quedarían sujetas a sanciones.
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Otro factor que preocupa al sector farmacéutico es la deuda pendiente del gobierno, que asciende a decenas de miles de millones de pesos, elemento que, según algunas empresas, desalienta la entrega inmediata de productos ya fabricados.
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El plazo impuesto busca generar presión para que se cumplan los contratos y cerrar las brechas de abasto en el corto plazo.
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Las sanciones (rescisión contractual, inhabilitación, denuncias penales) podrían disuadir nuevos incumplimientos.
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Sin embargo, algunas empresas podrían argumentar que factores como trámites regulatorios, logística de distribución o falta de liquidez limitan su capacidad de entrega.
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La credibilidad del gobierno dependerá de que las amenazas de sanción se conviertan en acciones concretas, no solo anuncios.
